Si el crimen organizado está presionando el voto o financiando proyectos políticos, Colombia no enfrenta una simple controversia electoral, sino una amenaza directa contra la legitimidad de su democracia.
En Colombia no podemos normalizar lo que debería indignarnos. Si existen estructuras criminales presionando el voto o inyectando dinero ilícito en campañas, estamos ante una amenaza directa contra la democracia. Y frente a eso no caben matices.
Respaldar las advertencias de Álvaro Uribe Vélez no solo es un acto de lealtad política, es una postura de defensa institucional. Cuando él habla de fraude electoral, de coacción armada y de caudales de dinero provenientes del narcotráfico apoyando proyectos políticos como el de Iván Cepeda, el país no debería reaccionar con ataques sino con investigaciones exhaustivas.
La discusión no es personal. Es estructural. Si el crimen organizado influye en elecciones, el voto deja de ser libre y la soberanía popular se convierte en ficción. Ningún proyecto político —ni del Pacto Histórico ni de cualquier otro sector— puede estar por encima de la transparencia electoral.
El gobierno de Gustavo Petro tiene la obligación constitucional de garantizar que no exista intimidación, financiación ilegal ni captura territorial que distorsione la voluntad ciudadana. Si hay dudas, deben disiparse con hechos, no con discursos.
Mi posición es clara: en una democracia seria, cualquier indicio de interferencia criminal en procesos electorales es motivo suficiente para activar todas las alarmas institucionales. Colombia ya ha sufrido demasiado por la mezcla entre política y crimen. Repetir ese error sería imperdonable.
La legitimidad no se presume, se protege. Y protegerla exige firmeza, controles estrictos y cero tolerancia frente a la infiltración ilegal. Porque cuando el crimen ronda las urnas, lo que está en juego no es una candidatura: es la República.
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