Petro

El congresista Racero ofreció un empleo como cajera en su negocio familiar —un fruver— bajo condiciones completamente ilegales: jornadas de hasta 78 horas semanales, sin prestaciones sociales y con un salario de apenas un millón de pesos mensuales.

Por Sebastián López, presidente del Concejo de Medellín

En Colombia estamos viviendo una preocupante paradoja: el gobierno del Pacto Histórico, que llegó al poder con la promesa de dignificar al trabajador, hoy protagoniza escándalos que revelan una profunda incoherencia entre su discurso progresista y las prácticas reales de sus dirigentes. El caso de David Racero, ex presidente de la Cámara de Representantes y figura clave del petrismo, es el ejemplo más reciente —y más escandaloso— de esta doble moral.

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Según revelaciones periodísticas, el congresista Racero ofreció un empleo como cajera en su negocio familiar —un fruver— bajo condiciones completamente ilegales: jornadas de hasta 78 horas semanales, sin prestaciones sociales y con un salario de apenas un millón de pesos mensuales. En los audios divulgados, se le escucha sin ningún pudor describir un horario de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., de lunes a sábado. ¿Dónde queda entonces la tan prometida justicia laboral del gobierno Petro? ¿Dónde están las garantías que juraron defender para el pueblo trabajador?

Pero el descaro no termina ahí. También se conocieron audios del conductor de Racero, vinculado oficialmente a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), informando que ya estaba “en el negocio”, es decir, trabajando en el fruver del congresista. Esto constituye un uso indebido de recursos públicos, un acto de corrupción típico del clientelismo que el propio Pacto Histórico juró combatir. ¿Qué clase de transformación social puede liderar un gobierno cuyas bases se pudren por dentro?

Hoy, Racero es objeto de investigaciones por parte de la Procuraduría General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia. Y aunque las autoridades harán su trabajo, el daño político ya está hecho: se derrumba otro de los pilares discursivos del petrismo, ese que hablaba de romper con las viejas prácticas y defender a los más vulnerables. ¿Cómo puede un gobierno que explota a los suyos en silencio seguir hablando de equidad y justicia?

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Este no es un hecho aislado: es parte de una cadena de contradicciones que han marcado al actual gobierno. Prometieron el gobierno del cambio, pero repiten —y hasta perfeccionan— los peores vicios de la politiquería tradicional. Se rasgan las vestiduras hablando de derechos laborales, pero cuando les toca aplicarlos en su entorno, hacen todo lo contrario: precarizan, abusan, callan.

Como presidente del Concejo de Medellín, me niego a normalizar este tipo de conductas. La ética pública no puede ser un discurso de campaña. Si el gobierno Petro realmente quiere transformar el país, debe empezar por exigirle cuentas a sus propios aliados y depurar sus filas. De lo contrario, la historia los recordará no por lo que intentaron cambiar, sino por lo que decidieron encubrir.

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Porque no hay nada más peligroso que un gobierno que predica justicia mientras practica la injusticia.

Y a la ciudadanía le hago un llamado claro y firme: no sigamos apoyando a quienes usan el poder para enriquecerse, explotar y mentir. No más doble moral, no más discursos vacíos. El verdadero cambio empieza cuando dejamos de premiar a los corruptos con nuestros votos.