Las elecciones presidenciales de Colombia en 2026 serán decisivas para el futuro institucional y democrático del país. La gestión de Gustavo Petro ha intensificado problemas estructurales como la inseguridad, el narcotráfico, la corrupción política y el deterioro económico.
Por: Sebastián López Valencia, presidente del Concejo de Medellín.
Colombia está enfrentando una crisis institucional y social de proporciones históricas. A medida que nos acercamos a las elecciones presidenciales de 2026, el país debe tomar una decisión crítica: continuar por la senda del populismo radical o corregir el rumbo antes de que el deterioro sea irreversible. La presidencia de Gustavo Petro, lejos de representar un cambio progresista y transformador, ha acentuado algunos de los males estructurales de la nación: inseguridad, violencia, narcotráfico, corrupción e improvisación fiscal.
1. Seguridad: la desmovilización de la fuerza pública y el avance de la criminalidad
Uno de los errores más graves del gobierno Petro ha sido su enfoque desarticulado frente al orden público. Bajo la bandera de la “paz total”, se ha privilegiado el diálogo con grupos armados ilegales sin condiciones claras ni verificación de cumplimiento. En cifras, el panorama es alarmante:
- Homicidios: Aunque hubo una leve reducción en 2023 frente a 2022, el número de masacres y asesinatos de líderes sociales y excombatientes del proceso de paz se mantiene en niveles críticos. Según Indepaz, en 2024 ya se registran más de 50 masacres y más de 85 líderes sociales asesinados.
- Control territorial: Organizaciones como el Clan del Golfo, disidencias de las FARC y el ELN han expandido su presencia en más de 210 municipios, según el Observatorio de Conflictos Armados de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
- Desmoralización institucional: La narrativa anti-militarista y los recortes presupuestales a la Policía y el Ejército han debilitado su accionar, generando un vacío de poder aprovechado por el crimen organizado.
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2. Narcotráfico: el regreso del Estado cocalero
La erradicación forzada de cultivos ilícitos prácticamente desapareció en este gobierno. Las cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) indican que Colombia cerró 2023 con más de 230.000 hectáreas sembradas de coca, un récord absoluto. Esto representa un retroceso de más de 10 años en la lucha antidrogas.
El discurso presidencial ha insinuado incluso que la coca debe tratarse como un “problema de mercado”, deslegitimando los esfuerzos nacionales e internacionales de control del narcotráfico. El resultado ha sido un incremento del poder financiero de las mafias y un repunte de la violencia en regiones clave como el Catatumbo, Nariño y el sur del Cauca.
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3. Corrupción e improvisación: promesas sin ejecución
Pese al discurso de lucha contra la corrupción, el gobierno Petro ha enfrentado múltiples escándalos:
- Caso Nicolás Petro: El hijo del presidente fue investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito tras aceptar que recibió dineros del narcotráfico para la campaña presidencial de 2022.
- Ministerios inestables: En menos de dos años de gobierno, Petro ha tenido más de 30 cambios ministeriales, afectando gravemente la continuidad de políticas públicas.
- Inversión pública sin ejecución: Según el DNP, para el cierre de 2023 solo se había ejecutado el 48% del presupuesto de inversión pública, revelando un Estado paralizado y mal administrado.
El caos administrativo y la falta de rigor técnico han impedido avances reales en temas como salud, educación, infraestructura o reindustrialización. La reforma a la salud, por ejemplo, fue rechazada por expertos y gremios del sector por su alto nivel de improvisación, ideologización y falta de sostenibilidad financiera.
4. Economía: señales preocupantes
Aunque el gobierno ha sostenido la narrativa de que está “redistribuyendo la riqueza”, las cifras macroeconómicas cuentan otra historia:
- Crecimiento estancado: El PIB creció apenas 0,6% en 2023, muy por debajo del promedio regional y de las proyecciones iniciales.
- Inversión privada a la baja: La confianza empresarial ha caído, y la inversión extranjera directa se redujo en más de 18%, según cifras del Banco de la República.
- Déficit fiscal estructural: El gasto social sin respaldo técnico, especialmente en transferencias y subsidios, amenaza con romper la regla fiscal. Moody’s y Fitch han lanzado advertencias sobre una posible degradación de la calificación crediticia del país.
La falta de reglas claras, el irrespeto a la independencia del Banco de la República y las amenazas recurrentes a la institucionalidad económica generan incertidumbre y desaceleración.
5. Populismo, concentración de poder y erosión democrática
Petro ha promovido la idea de convocar una “asamblea constituyente”, lo cual ha generado inquietud en sectores democráticos sobre una posible intención de perpetuarse en el poder o reconfigurar el orden institucional a su favor.
Los ataques constantes del presidente a la Corte Suprema, al Congreso, a los medios de comunicación y a organismos de control reflejan un estilo de gobierno confrontacional, con tintes autoritarios. Colombia no puede permitirse un modelo que desacredite las bases de la democracia representativa.
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Conclusión: 2026, un punto de inflexión
El proyecto de Gustavo Petro ha demostrado que el cambio prometido no fue una transformación social estructurada, sino un salto al vacío institucional, con costos enormes en seguridad, estabilidad económica y cohesión social.
Colombia necesita recuperar el orden, la legalidad, la inversión y el sentido común. Las elecciones presidenciales de 2026 no son un simple evento democrático: son una decisión histórica para frenar la deriva populista y evitar que la democracia colombiana cruce un umbral peligroso del que podría no regresar.