Por: Sebastián López
La llamada consulta popular que propone Gustavo Petro no es un acto de participación ciudadana, sino un intento descarado de concentrar el poder por fuera de las reglas democráticas. Es su golpe institucional a la Constitución, disfrazado de voluntad del pueblo.
SEBASTIÁN LÓPEZ, PRESIDENTE DEL CONCEJO DE MEDELLÍN
La máscara ha caído. Gustavo Petro, ese líder que alguna vez se presentó como la esperanza del cambio, ya no se molesta en disimular sus verdaderas intenciones. Con la convocatoria unilateral de una consulta popular por decreto, el presidente ha dado un paso más en su deriva autoritaria, burlando el orden institucional que juró respetar.
Lo que estamos presenciando no es una simple jugada política: es un intento abierto de golpe de Estado disfrazado de participación ciudadana. Petro, que no cuenta con las mayorías necesarias en el Congreso ni el respaldo de las cortes para imponer su visión de país, ahora pretende imponerla directamente por la vía del populismo, pasando por encima del marco legal y democrático.
La consulta, lejos de ser un mecanismo legítimo de democracia directa, se convierte en un atajo tramposo para imponer una agenda sin controles ni contrapesos. Lo grave no es solo el contenido de lo que propone —que ya sería motivo de alarma— sino el precedente que sienta: la idea de que el presidente puede saltarse al Congreso y convocar al “pueblo” cuando sus propuestas no prosperan por las vías institucionales. Eso no es democracia; es caudillismo.
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Petro desprecia al Congreso porque no le obedece ciegamente. Desprecia la Constitución porque le impide gobernar a punta de caprichos. Y desprecia a los ciudadanos que no comulgan con su visión mesiánica, a quienes tilda de enemigos del cambio o aliados del “poder mafioso”, como si la crítica fuera una traición y no un derecho. En su mundo, solo él encarna al pueblo; todos los demás son obstáculos que deben ser removidos.
El problema no es que Petro tenga una visión progresista o disruptiva —en democracia, todas las ideas tienen cabida—, sino que actúe como si el país le perteneciera. Como si gobernar fuera mandar, y disentir fuera un delito.
Colombia no puede permitir que el presidencialismo se transforme en personalismo. Las instituciones, los partidos, los medios, los ciudadanos, deben alzar la voz con firmeza. Este no es un debate entre izquierda y derecha, sino entre democracia y autoritarismo. Si nos quedamos callados ahora, mañana será demasiado tarde.
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Porque cuando un presidente convoca una consulta por decreto, sin respeto por las reglas del juego, no está escuchando al pueblo: está intentando sustituirlo.