Por Sebastián López, presidente del Concejo de Medellín.
Lo que ocurrió ayer en Colombia no puede llamarse de otra forma que una jornada de terror nacional. Más de 17 atentados en diferentes regiones del país, emboscadas a la Fuerza Pública, bloqueos, ataques con explosivos, y la dolorosa muerte de policías y soldados que simplemente cumplían con su deber. Mientras tanto, en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro sigue encerrado en su burbuja ideológica, más ocupado en justificar a los violentos que en proteger a los ciudadanos.
Esto no fue un hecho aislado. Es la consecuencia directa de una política de seguridad errática, tibia y complaciente con los grupos armados ilegales. La llamada “paz total” ha sido una capitulación sin condiciones, un cheque en blanco para que el ELN, las disidencias de las FARC y las bandas narcoterroristas se fortalezcan, se armen, extorsionen y asesinen con total impunidad. El Estado parece haberse retirado de vastas zonas del país, dejando a millones de colombianos a merced del crimen.
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La pregunta que todos nos hacemos.
¿Dónde está el gobierno? Porque ayer no vimos liderazgo, ni decisiones firmes, ni un mensaje claro al país. Solo silencio, confusión y evasivas. Los discursos de reconciliación vacíos y las reuniones con los mismos que masacran soldados ya no convencen a nadie. Colombia no necesita un poeta que justifique la violencia, necesita un presidente que gobierne con firmeza.
Hoy, más que nunca, hace falta la seguridad democrática. Esa política que, con todos sus errores, logró lo que parecía imposible: recuperar territorios, desmantelar estructuras criminales, debilitar al terrorismo y darle confianza a los colombianos. Álvaro Uribe, con mano firme, entendió que sin seguridad no hay derechos, no hay justicia social, no hay paz verdadera. Sin Estado no hay nada.

¿Nostalgia? Se trata de realismo. Porque cuando los grupos armados imponen su ley, cuando el miedo vuelve a las calles, cuando los padres entierran a sus hijos caídos en servicio, el país recuerda que no puede haber ambigüedades frente al crimen. La seguridad no es de izquierda ni de derecha: es una obligación del Estado.
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Criminales con permisividad enviaron una advertencia, una alarma brutal que nos grita que estamos perdiendo el control. Petro debe entender que gobernar no es filosofar en Twitter ni improvisar teorías sociales, es proteger la vida de los colombianos. Y si no puede, si no quiere, que no se atraviese en el camino de quienes sí tienen la voluntad y la experiencia para recuperar el país.
Mi país no puede seguir retrocediendo. Necesitamos volver a una política de autoridad legítima, con respeto a los derechos humanos, pero con la firmeza necesaria para que los violentos entiendan que aquí manda la ley, no las armas. La seguridad democrática no puede ser un recuerdo del pasado: debe ser una urgencia del presente.
